En el marco de la manifestación en solidaridad con el pueblo palestino realizada el 2 de octubre en Formentera, integrantes de nuestro colectivo Formentera amb Palestina fuimos identificadxs y hostigadxs por las fuerzas policiales, tanto por parte de la Policía Local como de la Guardia Civil.
Aun habiendo notificado correctamente la concentración ante el OAC —que a su vez trasladó la información a la Delegación de Gobierno de Eivissa y Formentera y a las fuerzas policiales—, nuestro derecho a manifestarnos, informando recorrido y horario, fue violentado desde el inicio. Lejos de recibir acompañamiento para garantizar nuestra seguridad vial, partimos en solitario desde la plaza de la Constitució de Sant Francesc. Apenas recorridos unos 200 metros, fuimos interceptadxs por Policía Local y Guardia Civil, quienes detuvieron la manifestación e identificaron de forma aleatoria a algunxs participantes, alegando falsamente que no había sido notificada la convocatoria. Además, amenazaron reiteradamente con sanciones por el supuesto acto de desobediencia.
Para poder seguir ejerciendo nuestro derecho a la protesta, se pactó continuar por el carril bici, esta vez sí escoltadxs por las fuerzas de seguridad, hasta finalizar en el puerto de Formentera. Sin embargo, tras la lectura pública del manifiesto y la disolución pacífica de la manifestación, denunciamos que tanto Policía Local como Guardia Civil se dirigieron con alevosía hacia la comunidad musulmana para seguir identificando sin motivo legal alguno, incluyendo a menores de edad. Este acto constituye un claro ejemplo de racismo institucional, al aplicar un trato selectivo y discriminatorio hacia personas racializadas en un contexto de protesta política. Cuando este hecho fue señalado en voz alta por algunxs participantes, la respuesta de las fuerzas policiales fue intensificar las identificaciones y aumentar las amenazas, recurriendo a la intimidación y la violencia verbal como forma de castigo y control.
Este hostigamiento no es casual: se enmarca en la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (Ley Mordaza), que otorga a las fuerzas de seguridad amplios poderes para identificar y sancionar sin control judicial, facilitando así la criminalización de la protesta social y generando miedo entre quienes ejercemos nuestros derechos fundamentales.
Este ataque forma parte de un patrón sistemático de vigilancia, criminalización y amedrentamiento hacia quienes levantamos la voz contra el genocidio y la ocupación del pueblo palestino.
Estos hechos nos convierten en testigxs y protagonistas de un nuevo intento de silenciar la solidaridad internacionalista. La identificación, hostigamiento y criminalización de manifestantes que participaron en una movilización pacífica constituye una grave vulneración de derechos fundamentales.
Rechazamos y condenamos rotundamente estas prácticas represivas que buscan infundir miedo y desmovilizar la lucha. Defender la vida, exigir el fin del genocidio y levantar la voz contra la ocupación no es un delito. El verdadero crimen es guardar silencio frente a la barbarie.
Frente a ello respondemos con más organización, más solidaridad y más calle. Porque no nos van a callar. Porque la solidaridad no se negocia. Porque el dolor de Palestina resuena en nuestras plazas, calles, sindicatos y cuerpos.
Exigimos:
– El cese inmediato de toda forma de vigilancia, persecución y represión al movimiento propalestino.
– Garantías efectivas para el libre ejercicio del derecho a manifestarse.
– Responsabilidad política y pública de las instituciones que avalan o permiten estos abusos.
Hacemos un llamado a colectivos, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de derechos humanos a amplificar esta denuncia y a mantenernos unidxs en esta lucha común.
La solidaridad no es un crimen. Palestina vive. Palestina resiste.

Col·lectiu Formentera amb Palestina

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